Los cobros irregulares en cárceles como las de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro en La Paz o las condiciones de hacinamiento en las que se vive en penales de Cochabamba, son una muestra de lo mal que anda el sistema penal boliviano, que a pesar de las promesas en vez superar sus problemas cada día empeora más y se convierte en una bomba de tiempo.
La cárcel de Palmasola se ha convertido desde hace varios años en un lugar de corrupción y cobros irregulares donde pareciera que no existe la autoridad de la Ley, según asegura la presidenta del Voluntariado Pastoral Carcelario en Santa Cruz, Mabe López.
“La cárcel es una ciudadela de nadie, donde la Policía cobra por entrar, cobra por salir, alquila (celdas), el detenido que entra elige donde quiere estar según lo que pueda pagar, si paga 300, 400 0 500 (dólares) o se compra una suit, entonces estamos manejados por la Policía que es la dueña de la cárcel”, dice López.
Es tan lamentable la situación en la cárcel cruceña que quien no paga por la celda debe dormir en los pasillos del penal. Esta situación fue denunciada a las autoridades hace mucho tiempo pero hasta ahora no se hace nada. “Hay habitaciones con aire acondicionado, TV cable y esto lo administra la Policía y nadie interviene porque se creen los dueños”, dijo.
En Cochabamba el hacinamiento otra triste realidad, por día ingresan 15 nuevos reos a los principales penales cochabambinos, los presos terminan durmiendo en las gradas y hasta en los baños, el responsable del Régimen Penitenciario, Dennis Mejía aseguró que se está al borde del colapso.
“Son una bomba de tiempo los penales, cualquier día van a estallar, van a empezar a amotinarse porque las condiciones de vida son inhumanas, necesitamos buscar soluciones a este hacinamiento y de una vez buscar solución a la falta de infraestructura, hay internos que duermen en los patios y a veces lo hacen con sus niños, es inhumano”, aseguró.
Mejía dijo que se pidió a autoridades de la Alcaldía Municipal de Cochabamba que se les dote de quioscos para que los reos puedan vender los trabajos y productos que elaboran y así contribuir en su rehabilitación, la respuesta fue negativa “nos han negado, pese a que la Constitución Política dice que los Gobiernos Municipales deben fomentar el trabajo, lamentó.
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