Con los abusos que se cometen hoy, con la discrecionalidad con la que se maneja la Justicia y con la ausencia total de escrúpulos que reina en el manejo político, el actual vicepresidente Álvaro García Linera seguiría hoy preso esperando que a algún juez le dé la gana de atender su caso. Y el presidente Morales todavía estaría reclamando con algún memorial bajo el brazo, su retorno a la Cámara de Diputados, derecho que se le concedió porque antes sí había mucho más respeto por las leyes que ahora.
La justicia es lo más importante de un Estado, es su razón de ser, es el motivo porque existen los gobiernos y es la causa por la que han luchado todos los líderes del mundo, incluso los que hoy están conduciendo el país, pero lamentablemente, la justicia es el valor más manoseado por las autoridades actuales, endiosadas y carentes del sentido del tiempo, que siempre se encarga de hacer los ajustes necesarios, por no decir algo más fuerte.
El ejemplo más claro del desdén que sienten los gobernantes por la justicia es la manera cómo han encarado el indulto a los reclusos de las cárceles del país, movidos por la improvisación, por el electoralismo fácil y sobre todo por la urgencia de dar una respuesta luego del increíble sucedo acaecido el pasado mes en Palmasola, donde hubo 35 muertes, sin embargo, no parecen haber conmovido las mentes y los corazones de los administradores públicos.
Cuando existen los mecanismos, las instituciones y la gente disponible para elaborar un estudio serio sobre la realidad penitenciaria del país y las necesidades que existen, se lanza de manera apresurada, pero con mucha pompa, un decreto que luego de hacerse los cálculos de rigor, beneficiará a apenas 600 reclusos, es decir, algo más del cinco por ciento de los 14 mil privados de libertad, de los cuales el 86 por ciento permanecen encerrados sin haber recibido una sentencia.
La medida pudo haber sido estudiada con mayor detenimiento en el seno de la Asamblea Legislativa y sometida a debate y a diferentes propuestas, pero está claro que dentro de las prioridades del Parlamento no se encuentra promulgación de una ley relacionada con la justicia, pues están más abocados única y exclusivamente a apuntalar el aparato político y represivo del Gobierno, sin importar el lamentable papel que están cumpliendo en el socavamiento del sistema democrático.
Para los redactores del decreto presidencial fue más importante introducir los reparos antes que buscar un mayor alcance de la norma. Fue así que hicieron muy bien las aclaraciones de no beneficiar a los presos políticos que permanecen desde hace cuatro y más años encerrados sin posibilidades de acceder a un juicio justo. Es el caso del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien ha cumplido cinco años en la cárcel, sometido a una serie de vejámenes y aberraciones jurídicas indecibles. Es el caso de los acusados del caso terrorismo, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sometidos a extorsión, torturas y otros actos que no deberían permitirse en un Estado de Derecho.
En función de esta realidad, la Iglesia Católica acaba de emitir un comunicado en el que solicita una medida de indulto más realista y concretamente ha pedido que se incluya en la amnistía a todos aquellos que hubieran cumplido una reclusión mayor a tres años. En ese caso estaríamos hablando de un acercamiento al valor de la justicia, de lo contrario no es nada más que politiquería y propaganda inútil.
La justicia es lo más importante de un Estado, es su razón de ser, es el motivo porque existen los gobiernos y es la causa por la que han luchado todos los líderes del mundo, incluso los que hoy están conduciendo el país, pero lamentablemente, la justicia es el valor más manoseado por las autoridades actuales, endiosadas y carentes del sentido del tiempo, que siempre se encarga de hacer los ajustes necesarios, por no decir algo más fuerte.
El ejemplo más claro del desdén que sienten los gobernantes por la justicia es la manera cómo han encarado el indulto a los reclusos de las cárceles del país, movidos por la improvisación, por el electoralismo fácil y sobre todo por la urgencia de dar una respuesta luego del increíble sucedo acaecido el pasado mes en Palmasola, donde hubo 35 muertes, sin embargo, no parecen haber conmovido las mentes y los corazones de los administradores públicos.
Cuando existen los mecanismos, las instituciones y la gente disponible para elaborar un estudio serio sobre la realidad penitenciaria del país y las necesidades que existen, se lanza de manera apresurada, pero con mucha pompa, un decreto que luego de hacerse los cálculos de rigor, beneficiará a apenas 600 reclusos, es decir, algo más del cinco por ciento de los 14 mil privados de libertad, de los cuales el 86 por ciento permanecen encerrados sin haber recibido una sentencia.
La medida pudo haber sido estudiada con mayor detenimiento en el seno de la Asamblea Legislativa y sometida a debate y a diferentes propuestas, pero está claro que dentro de las prioridades del Parlamento no se encuentra promulgación de una ley relacionada con la justicia, pues están más abocados única y exclusivamente a apuntalar el aparato político y represivo del Gobierno, sin importar el lamentable papel que están cumpliendo en el socavamiento del sistema democrático.
Para los redactores del decreto presidencial fue más importante introducir los reparos antes que buscar un mayor alcance de la norma. Fue así que hicieron muy bien las aclaraciones de no beneficiar a los presos políticos que permanecen desde hace cuatro y más años encerrados sin posibilidades de acceder a un juicio justo. Es el caso del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien ha cumplido cinco años en la cárcel, sometido a una serie de vejámenes y aberraciones jurídicas indecibles. Es el caso de los acusados del caso terrorismo, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, sometidos a extorsión, torturas y otros actos que no deberían permitirse en un Estado de Derecho.
En función de esta realidad, la Iglesia Católica acaba de emitir un comunicado en el que solicita una medida de indulto más realista y concretamente ha pedido que se incluya en la amnistía a todos aquellos que hubieran cumplido una reclusión mayor a tres años. En ese caso estaríamos hablando de un acercamiento al valor de la justicia, de lo contrario no es nada más que politiquería y propaganda inútil.
Para los redactores del decreto presidencial fue más importante introducir los reparos antes que buscar un mayor alcance de la norma. Fue así que hicieron muy bien las aclaraciones de no beneficiar a los presos políticos que permanecen desde hace cuatro y más años encerrados sin posibilidades de acceder a un juicio justo. Es el caso del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien ha cumplido cinco años en la cárcel, sometido a una serie de vejámenes y aberraciones jurídicas indecibles.
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