Como directa consecuencia del estupor y espanto que ocasionó hace algo más de una semana la explosión de violencia en la cárcel de Palmasola, durante los últimos días se han difundido algunas iniciativas inspiradas en el propósito de buscar una solución radical al catastrófico estado en que está sumido el sistema penitenciario nacional.
Entre todas esas reacciones, hay una que no puede pasar desapercibida. Nos referimos a la propuesta del jefe de bancada del MAS, Eugenio Rojas, para que la “justicia comunitaria” sea aplicada en las ciudades del país como una fórmula expedita para superar problemas como el hacinamiento carcelario o la retardación de justicia. Recuérdese que se trata del mismo asambleísta que alcanzó cierta fama al proponer eliminar a los opositores colgándolos como a perros y también quien propuso legalizar la tortura como método idóneo para combatir la delincuencia.
Para matizar el alcance de tal propuesta, se ha vuelto a relativizar lo que debe entenderse por “justicia comunitaria”, asunto sobre el que hay muchos motivos para dudar ante las experiencias prácticas más que las elucubraciones teóricas. Lo extendidas que están prácticas como los linchamientos, por ejemplo, siempre cometidos en nombre de la “justicia comunitaria”, son un ejemplo de lo dicho.
Por eso, y como afirmamos en nuestro editorial de ayer sobre el mismo tema, si en verdad se quiere avanzar hacia fórmulas de solución efectivas habrá que comenzar por reconocer la complejidad del tema y reunir el valor necesario para afrontarlo con sinceridad y mucho espíritu autocrítico, lo que no es compatible con expresiones como la que comentamos.
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