En Bolivia tenemos que comenzar a poner las barbas en remojo, no solo por este antecedente sino también por el reciente fallo del Tribunal Internacional de La Haya, que ordenó al Estado boliviano el pago de 40 millones de dólares (unos dicen 26 millones) a la firma británica Rurelec por la nacionalización de la generadora de electricidad de Guaracachi.
Con ese dato en la mano, varias de las empresas expropiadas han comenzado a hacer fila en La Haya, donde nuestras autoridades también han recurrido en busca de justicia para la demanda marítima. La primera ha sido la española Red Eléctrica Internacional (REI), que exige nada menos que 165 millones de dólares por las acciones que tenía en la Transportadora de Electricidad (TDE) que pasó a manos estatales el 2012.
Detrás de ellas están la minera Quirobax que pide 146 millones, Albertis, que manejaba los aeropuertos, 86 millones de dólares y Pan American Energy, que tenía acciones en Chaco, exige la friolera de 1.496 millones de dólares. Si los argentinos han quedado humildes con el golpe, cómo habremos de quedar nosotros.
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