El jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN) en Diputados, Alex Orozco, junto al diputado Luis Felipe Dorado, denunció ayer que Eduardo Carlos Joaquín Linera, primo hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, y sus dos sobrinos, Mary Carmen Velasco García y Sergio Velasco García, compraron de manera irregular una concesión minera en Santa Cruz, en 2007.
En conferencia de prensa, denunciaron que la mina está ubicada en el Cantón Santiago de la provincia Chiquitos y se denomina “La Millonaria Ltda.” por ser rica en oro.
Se observó que la concesión minera costó a la familia García Linera 10.000 bolivianos, un precio irrisorio según Orozco. El anterior propietario, José Ángel Andia Boza, habría pagado por la patente minera 64.263 bolivianos por 7.500 hectáreas, señalan los documentos de respaldo presentados por los legisladores.
Denunciaron, además, que se realizó una compra ilegal, puesto que desde el mes de mayo de 2006 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las operaciones de compra y venta de concesiones mediante la sentencia 0032/2006.
De acuerdo con sus versiones, se utilizó influencias familiares del Vicepresidente para avalar la compra ante instancias estatales que regulan al sector minero. Detallaron que en diciembre de 2006, Sergio Velasco García fue nombrado gerente general de la empresa y recibió un poder para representarla ante la Superintendencia, Registro Minero, Impuestos Nacionales y otros. El rol, a partir de marzo de 2007, lo cumplió su hermana Mary Carmen como gerente interina.
El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) afirmó ayer en un comunicado que la denuncia carece de veracidad porque la concesión fue otorgada el 27 de octubre de 2005 a Andia, quien a su vez transfirió su derecho a La Millonaria SA el 2007. Añade que la concesión no está vigente desde 2010 por falta de pago de patente minera del 2009, como los establece el Código de Minería.
ALISTAN DENUNCIA
Por los supuestos delitos, el diputado Luis Felipe Dorado anunció que se presentará denuncia ante la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia para que se inicien las investigaciones. Para sustentar su denuncia los diputados mostraron documentos originales de los testimonios de compra y venta números 135/2007 y 248/2007, el formulario de pago de patentes mineras emitido por el Servicio Nacional de Meteorología y Técnico de Minas, el formulario de Derechos Reales y las matrículas de comercio emitidas por Fundempresa.
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