FLAVIA MARCO ** Abogada, especialista en temas de género
La concreción de la misoginia, la objetivización sexual de las mujeres, el ejercicio abusivo del poder .... el acoso sexual. Acosar es hostigar, obligar a alguien a hacer o soportar actos o manifestaciones de contenido sexual valiéndose de su jerarquía o poder ¿De eso se trata el evento sucedido en días recientes con una periodista? Juzguen ustedes.
El acoso sexual es un acto ilegal, una forma de violencia contra las mujeres y una manifestación de discriminación. Así es en Bolivia desde el año 1994, cuando ratificamos la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: “Convención de Belém do Pará”, pues así lo establece este instrumento internacional. También de esta manera es considerado el acoso sexual por la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley 348, que lo configura como delito y lo sanciona con pena privativa de libertad.
Por ser una forma de violencia contra las mujeres, es un delito de acción pública, lo que quiere decir que cualquier persona puede denunciarlo y demandarlo. Más aún, las autoridades o integrantes del funcionariado público que presencien algún evento de violencia están obligados a hacerlo.
No obstante, el incidente también ha sido interpretado como abuso deshonesto, es decir actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal. Así lo entendió la diputada Marcela Revollo que demandó al alcalde por abuso deshonesto, violencia sexual y discriminación. Sin embargo, llama la atención la figura escogida, pues el abuso deshonesto ha sido modificado en el Código Penal por la ley 348, remplazándolo por “abuso sexual”
Eventos como el sucedido provocan reacciones diversas, algunas de ellas novedosas para nuestro medio. De una parte tenemos los festejos, a juzgar por léxico y la ortografía de celebradores en Facebook de EL DEBER, gente de muy escasa educación. Encontramos además una sanción social aún tímida desde sectores tradicionales. Hay que decirlo: se pronunciaron más instituciones en La Paz que en Santa Cruz.
Estas reacciones pueden deberse a que las formas de violencia contra las mujeres se legitiman, naturalizan e invisibilizan. Más aún cuando dejamos ver como sociedad nuestros rasgos pre-capitalistas, cuando dejamos que los patrones hagan y deshagan. Ellos se sienten y actúan como patrones de haciendas feudales porque se los trata como tales. Lo novedoso es un creciente rechazo en las redes sociales, protagonizado por jóvenes de ambos sexos movidos por la indignación. Si vemos estas iniciativas de periodismo ciudadano ya no parecemos premodernos, acá tenemos una ciudadanía empoderada, relativamente conocedora de sus derechos y del mundo que la rodea. Tenemos esperanzas
El acoso sexual es un acto ilegal, una forma de violencia contra las mujeres y una manifestación de discriminación. Así es en Bolivia desde el año 1994, cuando ratificamos la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: “Convención de Belém do Pará”, pues así lo establece este instrumento internacional. También de esta manera es considerado el acoso sexual por la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley 348, que lo configura como delito y lo sanciona con pena privativa de libertad.
Por ser una forma de violencia contra las mujeres, es un delito de acción pública, lo que quiere decir que cualquier persona puede denunciarlo y demandarlo. Más aún, las autoridades o integrantes del funcionariado público que presencien algún evento de violencia están obligados a hacerlo.
No obstante, el incidente también ha sido interpretado como abuso deshonesto, es decir actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal. Así lo entendió la diputada Marcela Revollo que demandó al alcalde por abuso deshonesto, violencia sexual y discriminación. Sin embargo, llama la atención la figura escogida, pues el abuso deshonesto ha sido modificado en el Código Penal por la ley 348, remplazándolo por “abuso sexual”
Eventos como el sucedido provocan reacciones diversas, algunas de ellas novedosas para nuestro medio. De una parte tenemos los festejos, a juzgar por léxico y la ortografía de celebradores en Facebook de EL DEBER, gente de muy escasa educación. Encontramos además una sanción social aún tímida desde sectores tradicionales. Hay que decirlo: se pronunciaron más instituciones en La Paz que en Santa Cruz.
Estas reacciones pueden deberse a que las formas de violencia contra las mujeres se legitiman, naturalizan e invisibilizan. Más aún cuando dejamos ver como sociedad nuestros rasgos pre-capitalistas, cuando dejamos que los patrones hagan y deshagan. Ellos se sienten y actúan como patrones de haciendas feudales porque se los trata como tales. Lo novedoso es un creciente rechazo en las redes sociales, protagonizado por jóvenes de ambos sexos movidos por la indignación. Si vemos estas iniciativas de periodismo ciudadano ya no parecemos premodernos, acá tenemos una ciudadanía empoderada, relativamente conocedora de sus derechos y del mundo que la rodea. Tenemos esperanzas
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