Uno de los factores concretos que degeneró la política boliviana fue la creación de las circunscripciones uninominales que se puso en práctica por primera vez en las elecciones generales de 1997. Pese a que la intención parecía buena, el hecho es que la manera de implementar la reforma trastocó el sistema representativo y permitió el ingreso de verdaderos mercenarios de la política al Poder Legislativo. El Gobierno actual no solo quiere seguir aprovechándose de ese vicio, sino que pretende sacarle mayor ventaja aún.
Las circunscripciones uninominales se volvieron mecanismos antidemocráticos porque violan el principio fundamental de la representatividad consistente en “un ciudadano, un voto”. La manera de configurar los diferentes distritos electorales, permitió que en algunas zonas rurales, un diputado consiga ser elegido por 14 mil sufragios, mientras que un colega de la ciudad tenía que reunir cientos de miles de votos para conseguir un curul en el Congreso.
El Tribunal Supremo Electoral Plurinacional acaba de aprobar un reglamento que enfatiza en esa perversión de la democracia representativa. En la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales, no solo elimina las diferencias entre jurisdicciones urbanas y rurales, sino que plazas importantes como la ciudad de Santa Cruz (cuándo no), pierden posibilidades de conseguir una representación en el Congreso equivalente a su población, ya que se reduce el número de escaños uninominales de siete a dos.
Esta manera de organizar el mapa electoral no solo constituye una enajenación cuantitativa, sino también cualitativa de la política. Es la mejor forma de apuntalar al caudillismo provinciano a base de prebendas. Para los oportunistas es un excelente negocio pues solo hace falta invertir cierta suma de dinero en una campaña muy bien dotada de regalos, bebida y comida, para conseguir un escaño, mientras que en los grandes conglomerados urbanos, la situación suele ser más complicada para un candidato que enfrenta un electorado mejor informado y más heterogéneo.
A partir de 1997 fue notorio y descarado el ascenso de los “recién llegados” al Congreso: nuevos ricos, abogados inescrupulosos, líderes de algunos gremios empresariales y dirigentes de corporaciones como el transporte y algunos rubros del comercio que accedían a la política para transar, cometer saqueo y cobrarse con abultados dividendos la inversión realizada en campaña. Hoy sabemos muy bien cuáles son los rubros económicos que están en auge en el país y así como alguna vez se reconoció la existencia de una bancada de “chuteros”, no vaya a ser que aparezcan también otras representaciones con evidentes nexos delictivos.
Es evidente que el oficialismo siente que el escenario político está más complicado, tal como lo expresan las encuestas y el mismo comportamiento de la opinión pública, que constantemente manifiesta su decepción con el proceso de cambio. Hay casos de abuso, de corrupción y de transgresión de las normas democráticas que han calado hondo en el electorado urbano y de clase media, que le ponen cuesta arriba el camino al MAS, que obviamente busca reeditar sus abrumadores triunfos electorales del pasado. La más reciente medida adoptada por el Tribunal Supremo Electoral no cabe duda que es un nuevo salvavidas que le lanza al Gobierno.
Las circunscripciones uninominales se volvieron mecanismos antidemocráticos porque violan el principio fundamental de la representatividad consistente en “un ciudadano, un voto”. La manera de configurar los diferentes distritos electorales, permitió que en algunas zonas rurales, un diputado consiga ser elegido por 14 mil sufragios, mientras que un colega de la ciudad tenía que reunir cientos de miles de votos para conseguir un curul en el Congreso.
El Tribunal Supremo Electoral Plurinacional acaba de aprobar un reglamento que enfatiza en esa perversión de la democracia representativa. En la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales, no solo elimina las diferencias entre jurisdicciones urbanas y rurales, sino que plazas importantes como la ciudad de Santa Cruz (cuándo no), pierden posibilidades de conseguir una representación en el Congreso equivalente a su población, ya que se reduce el número de escaños uninominales de siete a dos.
Esta manera de organizar el mapa electoral no solo constituye una enajenación cuantitativa, sino también cualitativa de la política. Es la mejor forma de apuntalar al caudillismo provinciano a base de prebendas. Para los oportunistas es un excelente negocio pues solo hace falta invertir cierta suma de dinero en una campaña muy bien dotada de regalos, bebida y comida, para conseguir un escaño, mientras que en los grandes conglomerados urbanos, la situación suele ser más complicada para un candidato que enfrenta un electorado mejor informado y más heterogéneo.
A partir de 1997 fue notorio y descarado el ascenso de los “recién llegados” al Congreso: nuevos ricos, abogados inescrupulosos, líderes de algunos gremios empresariales y dirigentes de corporaciones como el transporte y algunos rubros del comercio que accedían a la política para transar, cometer saqueo y cobrarse con abultados dividendos la inversión realizada en campaña. Hoy sabemos muy bien cuáles son los rubros económicos que están en auge en el país y así como alguna vez se reconoció la existencia de una bancada de “chuteros”, no vaya a ser que aparezcan también otras representaciones con evidentes nexos delictivos.
Es evidente que el oficialismo siente que el escenario político está más complicado, tal como lo expresan las encuestas y el mismo comportamiento de la opinión pública, que constantemente manifiesta su decepción con el proceso de cambio. Hay casos de abuso, de corrupción y de transgresión de las normas democráticas que han calado hondo en el electorado urbano y de clase media, que le ponen cuesta arriba el camino al MAS, que obviamente busca reeditar sus abrumadores triunfos electorales del pasado. La más reciente medida adoptada por el Tribunal Supremo Electoral no cabe duda que es un nuevo salvavidas que le lanza al Gobierno.
El Tribunal Supremo Electoral Plurinacional acaba de aprobar un reglamento que enfatiza en esa perversión de la democracia representativa. En la nueva delimitación de las circunscripciones uninominales, no solo elimina las diferencias entre jurisdicciones urbanas y rurales, sino que plazas importantes como la ciudad de Santa Cruz (cuándo no), pierden posibilidades de conseguir una representación en el Congreso equivalente a su población, ya que se reduce el número de escaños uninominales de siete a dos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario