Hay decisiones políticas que más allá de su contenido resultan sospechosas. Es el caso de la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para incoar un juicio de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex empresario del cemento y dirigente partidario Samuel Doria Media, así como la propuesta del titular de Trabajo (tan estricto con las empresas nacionales cuando se trata de problemas laborales y tan genuflexo cuando se trata de empresas chinas) de hacer lo propio en contra del ex presidente Carlos Mesa.
Es que estas iniciativas surgen en plena campaña por el referendo constitucional del próximo 21 de febrero y cuando las denuncias de corrupción en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fonidoc) alcanzan peligrosamente a niveles muy altos del Órgano Ejecutivo, sin que las autoridades puedan desterrar el tema de la agenda pública.
Es posible hacer esas inferencias porque resulta poco serio entablar esos procesos, por un lado, a más de 20 años de sucedidos y, sobre todo, a 10 años de instalada la gestión de gobierno del binomio Evo Morales y Álvaro García. Por el otro, a poco menos de un mes de la realización del referendo constitucional para habilitar una nueva reelección del binomio mencionado, y en un ambiente crecientemente desfavorable a la aceptación de esta propuesta.
Como señalan los entendidos, en la actuación política son tan importantes los contenidos, como las formas y los tiempos. Y en este caso, parecería que los estrategas del MAS no han calibrado correctamente sus acciones... más aún cuando, a estas alturas de la gestión, cuesta creer que un motivo de acción es el servicio a los intereses del país.
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