La tragedia que sufrieron 130 comerciantes del mercado paceño de la calle Uyustus explica muy bien la necesidad del país de avanzar en formalización de la economía.
Estos vendedores, al igual que cientos de miles en todo el país, son rabiosos defensores de la ilegalidad, una palabra que suena muy fuerte pero que consiste en vender mercadería de contrabando, que significa evadir impuestos, no pagar beneficios sociales a sus trabajadores, invadir espacios públicos e incurrir en toda clase de faltas bajo la excusa de que son pobres y pequeños. El Estado los tolera porque son muchos, están bien organizados y suelen ser muy coherentes a la hora de devolver en las urnas las ventajas que consiguen de los gobiernos de turno.
El problema es que la informalidad vuelve vulnerables a estos comerciantes que frecuentemente son víctimas de siniestros como el incendio que consumió casi 200 tarimas en la Uyustus. Los gremiales han recurrido a las autoridades por ayuda y seguramente se la van a dar con dinero de los contribuyentes, de los que sí cumplen y los que sufren clausuras cuando se equivocan en la emisión de una factura. Esa lógica nos hace cada vez más pobres a todos, incluyendo por supuesto al Estado.
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