Según las últimas encuestas, el “Sí” al prorroguismo y a la eternización en el poder lleva ventaja en el país y es precisamente Santa Cruz el departamento que más aporta al caudal electoral del oficialismo, confirmando el crecimiento del “Proceso de Cambio” en esta región que fue tradicionalmente hostil al movimiento político iniciado en 2006.
Santa Cruz siempre le había dicho “No” al Gobierno y con justa razón. El régimen conducido por Evo Morales llegó cuando ya estaba en marcha el proceso autonómico, contra el que se estrelló sin piedad hasta destruirlo. Se ordenó cercar a Santa Cruz, hubo persecución de sus líderes, se produjo una criminalización de la resistencia y por último, se planificó el montaje del caso terrorismo que generó una cacería de brujas que no ha cesado desde 2009.
Santa Cruz ha sido la región más insultada, humillada, estigmatizada y atacada con todos los medios posibles por las autoridades nacionales, hecho que puede entenderse en el contexto de una lucha política destinada a instaurar una hegemonía. El propio presidente Morales dijo alguna vez que el tiempo del “palo” ya se había terminado y que vendrían los tiempos para acercarse y dialogar, no sin antes advertir que los cruceños estaban prohibidos de hacer política a lo que el se le añadió aquello de que los autonomistas nunca más levantarían cabeza.
Eso debía suponer la instalación de un proceso de diálogo, de encuentro y reconciliación pero más allá del proselitismo, la cumbre G-77, algunas obras, la canción de Aldo Peña y algunos otros artilugios destinados a confundir a los más incautos, es muy poco lo que Santa Cruz ha logrado con haberse subido al carro plurinacional.
Santa Cruz no es una comunidad rural, un municipio perdido ni una provincia lejana que se puede contentar con un coliseo y dos discursos bonitos, pero los líderes que deberían reaccionar y conducir una relación más madura con el Gobierno tendrían que establecer otra forma de relacionamiento.
Esta región sigue relegada en el campo productivo, continúan las prohibiciones a las exportaciones; el gobierno no atiende las demandas del sector agropecuario y responde con controles de precios que disminuyen su capacidad; se mantiene la inseguridad jurídica de los productores; no hay manera de convencer de que se tiene que introducir la tecnología en los cultivos; existen trabas a las empresas, a las que se mantiene acosadas por un aparato tributario que por otro lado, hace la vista gorda con el contrabando y la informalidad.
Desde el punto de vista político y jurídico, Santa Cruz es la región con la mayor cantidad de presos políticos, exiliados y perseguidos. El gobierno no da señales de aflojar con el montaje del caso Rózsa; el aparato de persecución se mantiene apuntado contra los opositores y las instancias departamentales y locales a las que se les cercena los recursos económicos que deberían ser invertidos en el desarrollo regional. En otras palabras, Santa Cruz le dice Sí al Gobierno, pero este se mantiene en un “No” frente a los cruceños, hecho que debería motivar una reacción destinada a preservar la posición de este departamento como puntal del progreso nacional.
Esta región sigue relegada en el campo productivo, continúan las prohibiciones a las exportaciones; el gobierno no atiende las demandas del sector agropecuario y responde con controles de precios que disminuyen su capacidad; se mantiene la inseguridad jurídica de los productores; no hay manera de convencer de que se tiene que introducir la tecnología en los cultivos; existen trabas a las empresas, a las que se mantiene acosadas por un aparato tributario que por otro lado, hace la vista gorda con el contrabando y la informalidad.
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