Por primera vez en su historia, Bolivia convocó, el domingo último, a un referéndum revocatorio. Si bien no está previsto en la Constitución y se realizó en paz a pesar del clima de hostilidad previo, la nación no dejó de estar dividida y polarizada como nunca hasta ahora como consecuencia de los desacuerdos en la visión del futuro y la siembra de odios y resentimientos. La situación política y social del país vecino se describe como un "empate catastrófico", que lo mantiene paralizado,
Bolivia necesita con urgencia consensuar una visión común. Después de tres años de gestión de Evo Morales, todavía el 60 por ciento de la población está sumergido en la pobreza y el 37 por ciento vive en la indigencia. La economía está en caos, con una tasa de inflación del 15 por ciento anual, escasez de alimentos y sin la inversión necesaria para explotar adecuadamente los importantes yacimientos de hidrocarburos ubicados en los departamentos del Oriente. Por esto, Bolivia, pese a la bonanza de los precios internacionales de los hidrocarburos, de los minerales y de la soja, sólo ha podido crecer a un insatisfactorio ritmo anual del 4,7 por ciento de su producto bruto interno.
El resultado del referéndum reciente confirma tanto la popularidad del presidente Morales como la de los principales prefectos (gobernadores) opositores. En rigor, el espaldarazo de las urnas al prefecto Rubén Costas, de Santa Cruz, fue aún más fuerte que el que recibió el propio Morales. Y salvo el caso puntual del prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, curiosamente el padre de la idea del referéndum revocatorio, no ha habido dirigentes importantes que salieran perdidosos como resultado del voto popular.
El mapa político y social boliviano no se ha alterado, entonces. Tanto el gobierno como la oposición mantienen sus apoyos en posiciones hasta ahora irreductibles. A lo largo de la gestión de Morales, cada intento de acordar alternativas comunes por medio del diálogo fracasó. En parte porque todos, mientras pretendían estar negociando, seguían su camino y consolidaban hechos consumados en perjuicio de su contraparte. La lista de este tipo de episodios incluye haber sancionado irregularmente -esto es, en violación de normas constitucionales- un extraño proyecto de nueva Constitución para Bolivia y pretender imponerlo a los demás; haber desviado, en perjuicio de los departamentos, la renta del impuesto directo a los hidrocarburos para financiar con ella un subsidio a la vejez, y también haber consumado estatutos de autonomía en los departamentos que componen la llamada Media Luna andina. Todos estos son temas sustantivos que componen una agenda que debe enfrentarse con urgencia.
La hora llama a todos a dialogar con sinceridad. Advertido de ello, el presidente Morales, una vez más, convocó a los dirigentes opositores a La Paz, de modo de institucionalizar la mecánica para la búsqueda de consensos sustantivos que permitan sacar a Bolivia del actual estancamiento. La oposición respondió rápidamente a la convocatoria, y el diálogo se ha reanudado.
No obstante, en función del pasado reciente, las posibilidades de éxito no parecen seguras. Bolivia necesita salir de un proceso autodestructivo de siembra de resentimientos y de constantes cargos recíprocos para definir con prudencia una visión común. Es indispensable actuar con flexibilidad. Esto supone no tratar de imponer discursos únicos y saber respetar ideas y planteos ajenos. Pero también es importante estar dispuestos a encontrar compromisos y tolerar visiones distintas, comprendiendo cómo funciona efectivamente la democracia y advirtiendo que en el respeto recíproco entre mayorías y minorías está la esencia del andar democrático.
Si esto no se logra, Bolivia no saldrá del actual torbellino, en el que unos tratan de imponer sus puntos de vista y los otros se resisten a ello. Ese camino perjudicaría a todos.
En la emergencia, nuestro país debe abstenerse de cualquier conducta que suponga intervenir en los asuntos internos de un Estado vecino. Y recordar a otros, como Venezuela, que esas actitudes no sólo violan importantes normas internacionales y tradiciones regionales, sino que simplemente no ayudan. A la Argentina le compete en esta instancia estar dispuesta a ayudar a consolidar los acuerdos que los bolivianos alcancen con el apoyo político y económico que requieran. Será la mejor forma de ayudar a un país amigo.
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