Como consecuencia del fiasco en que en las postrimerías del pasado año acabó su propósito de ‘nivelar’ con un impopular ‘gasolinazo’ los precios de los combustibles con los vigentes en el mercado internacional, el Gobierno nacional cayó en una situación que de modo alguno cabe ignorar. El propio jefe de Estado la describió de forma más o menos patética cuando dijo que, de ahora en adelante, el Gobierno se ajustará a las decisiones de los denominados ‘movimientos sociales’ que lo apoyan, respecto a asuntos cruciales de la temática nacional. Sub-rayó que, poco menos, no hará nada de espaldas al ‘pueblo’. Evo Morales y algunos de sus más cercanos colaboradores justificaron entonces la contramarcha de la polémica medida por aquello de gobernar obedeciendo al pueblo.
Pero ocurre que ‘pueblo’ y ‘movimientos sociales’ no encajan en la misma identidad sociológica y política. ‘Pueblo’ somos todos los bolivianos que en este país conformamos la fuente de la soberanía nacional. En cambio, lo de los ‘movimientos sociales’ se circunscribe únicamente a una parte de ese pueblo que en las urnas vota para que alguien gobierne en un determinado rumbo programático.
Se trata de sectores campesinos (hoy etiquetados como ‘naciones indígenas’) y de algunos de tipo laboral que de modo alguno representan la mayoría en Bolivia.
Consecuentemente, en cuanto se refiere a la toma de decisiones gubernamentales, el primer mandatario tendría que tomar en cuenta a todos los demás sectores de la colectividad nacional, muchos de los cuales tienen instituciones específicas que los representan. Nos referimos a profesionales, maestros, empleados de la salud, empresarios, universidades, gobiernos regionales, municipales y un largo etcétera. La vía no es la orden de abajo para el ‘sí’ de quien está arriba, sino el diálogo que naturalmente apunte a una negociación con un epílogo transaccional. Éste, naturalmente, en una proyección que satisfaga a ambas partes, pero sobre todo que tome en cuenta los intereses del país, a los cuales nos debemos moros y cristianos.
Es lo que el Gobierno debe hacer respecto al precio de los hidrocarburos, tema al que unas duras realidades, desde el Tesoro General de la Nación y el frente de producción de combustibles, reactualizarán en un futuro más o menos inmediato. El propio Gobierno, así como muchos analistas, tienen plena conciencia de ello. Es lo que el primero acredita cuando anuncia que abordará el espinoso asunto, en busca de soluciones idóneas, con sus ‘movimientos sociales’, mientras todavía sigue en la nebulosa si la decisión de cancelar el ‘gasolinazo’ consta en un Decreto Supremo que debe ser publicado para que entre en vigencia.
De no ocurrir lo sugerido, el Órgano Ejecutivo ofrecerá al pueblo boliviano la imagen por cierto poco gratificante de estar secuestrado por sus propios movimientos sociales. Y en condiciones, por lo tanto, de no poder tomar decisiones por cuenta propia.
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