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viernes, 24 de agosto de 2007

Enérgica reflexión del cooperativo Opinión de Cochabamba

Las jugarretas de la Cámara de Diputados no tienen efectos legales

La Cámara de Diputados está obligada a reunirse en su sede oficial. Para hacerlo en otro lugar necesita una convocatoria formulada conforme a leyes establecidas. Lo que hizo anteayer es una jugada infantil que viola normas, tradiciones y acuerdos tácitos, en consecuencia es nulo de pleno derecho.
A pesar de sus deformaciones e inconsecuencias, en la etapa histórica en que nos encontramos, la sociedad tiene órganos rectores que resuelven problemas, dictan normas, organizan al pueblo y señalan rumbos. Una de esas entidades es el Poder Legislativo. Legislar es función importante, significa señalar las condiciones en que las personas convivirán pacífica, laboriosa, solidariamente. Sin principios, valores ni normas, la vida en comunidad acabaría en un conflicto colectivo de todos contra todos.

Pero, la calidad moral, intelectual e institucional de las cámaras de Senadores y Diputados, resulta no de una voluntad suprahumana y eterna, ni de una concesión de otro poder mayor, sino del pensamiento, del trabajo, del esfuerzo de quienes las conforman. Anteriormente, a los senadores y diputados se les decía honorables porque prestaban sus servicios sin cobrar ninguna remuneración. Ciertamente eran personas dignas de respeto y de admiración.

La ampliación del fenómeno político a sectores sin medios económicos para financiar sus actividades parlamentarias, ha planteado la necesidad de otorgar una remuneración, para encubrirlo en vez de sueldo se le llama dieta. Así los parlamentarios son funcionarios del Estado, es decir, del pueblo. Su obligación es trabajar para la comunidad. Tienen dos tareas de alto nivel que cumplir. En lo que respecta a sus facultades juzgadoras, es un tema que debe ser rediscutido profundamente, siendo una entidad política, hay siempre la posibilidad de que sancione a sus contendientes aun sin motivo.

Esa entidad, aparentemente, de tantos méritos acaba de cometer un grave error que anuló sus actos y dañó su vigencia histórica, política y ética. No nos referimos al procedimiento utilizado para enjuiciar a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que felizmente ha sido anulado por la Comisión de Derechos Humanos, sino al hecho de haber sesionado en un lugar distinto a su sede oficial y a la exclusión en esa sesión de los diputados opositores. Lo que decidió en la lógica de esa maniobra simple y absurda es nulo de pleno derecho.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos correspondientes las cámaras deben reunirse en la capital de la República o allá donde lo señale la convocatoria correspondiente. Esto quiere decir que debe haber una convocatoria previa, pública y con los períodos de tiempo correspondientes. En la hipótesis que fuera legal la reunión de la Cámara de Diputados en cualquier oficina pública, debía haber sido convocada conforme a normas legales y sin ninguna exclusión. Haber salido a hurtadillas de su sede oficial para ir a reunirse en otro lugar, sólo entre oficialistas, anula esa reunión y sus decisiones, la mayoría parlamentaria actúa con mentalidad infantil y en algunos casos como el infractor ingenuo que pretende engañar a la gente.

Del editor: Nada extraño que los medios oficialistas calificaran de bien obrado, "la jugarreta de los diputados" pretendiendo deliberar fuera de su domicilio legal, lo sorprendente es que algunos medios no distingan entre uno y otro proceder masista

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