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lunes, 12 de agosto de 2013

democracia empobrecida gracias al control de los medios a través de compra o copamiento por el Gobierno, reduce el debate, uniforma el mensaje y restringe la fiscalización. Página Siete, acusa de prochilena.

El director de Página Siete, Raúl Peñaranda, desmintió hoy las acusaciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien señaló que el periódico es "prochileno".
"Estas declaraciones coinciden con otros ataques e insultos recibidos en octubre del año pasado por el Vicepresidente García Linera, que en su momento fueron también desmentidas", dijo Peñaranda a un grupo de periodistas. "En esta ocasión se repiten las mismas cosas que ya se dijeron antes", dijo.
Peñaranda rechazó que Página Siete sea un diario de intereses chilenos y que entorpezca la política boliviana de retorno al mar. "Página Siete ha escrito más editoriales que cualquier otro diario en defensa del derecho boliviano a una salida al mar", dijo. "Su línea coincide con la defensa de los intereses nacionales".
Respecto de las alusiones del ministro Quintana en sentido de que la diputada chilena Mónica Zalaquett, que es cuñada del presidente del directorio de la empresa, Raúl Garáfulic, "tiene amplia cobertura en Página Siete", Peñaranda dijo que ello no es efectivo.
"Mi hijo, mientras veíamos juntos los ataques de Quintana por TV, tomó su computadora y buscó en Google la palabra ‘Zalaquett’. El encontró que ha habido más noticias que tienen como fuente a la diputada Zalaquett en los diarios Cambio y La Razón que en Página Siete", contó Peñaranda.
El director del periódico atribuyó los ataques de Quintana, que utilizó una hora para hablar del tema en una cadena de radio y televisión estatal, a su interés en "amedrentar, acallar y atemorizar" a Página Siete porque representa una voz "independiente", pero aseguró que "ello no sucederá, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, periodismo a favor de la gente".

El editorial de Página Siete que causó la irritación de Quintana

Un editorial publicado en Página Siete que exigía la transparencia de la propiedad de los medios en el país fue lo que ocasionó la irritación del ministro Quintana, dijo el director del periódico Raúl Peñaranda.
"El editorial exige que se sepa quiénes son los propietarios de los medios paraestatales (controlados indirectamente por el Gobierno) y que se aclare también el pago de impuestos y la distribución de publicidad del Gobierno", dijo Peñaranda.
El director dijo que "en vez de responder a esas cuestionantes, el ministro dedicó una hora de la red de televisión y radio estatal para insultar sin pruebas a un diario independiente", lo que atribuyó "a la falta de argumentos" del ministro mencionado y su deseo de "amedrentarnos".
Este es el editorial que causó la molestia del ministro Quintana:

La transparencia de los medios

(Publicado el 10-8-2013)
En su informe a la nación, el 6 de agosto pasado, el presidente Evo Morales dijo que en el país existen medios de comunicación que obstaculizan las tareas que desarrolla el Gobierno tendientes a buscar una salida soberana al mar. El Gobierno debería aclarar cuáles son esos medios y presentar pruebas que respalden estos supuestos hechos ilegales. El tema es importante y tendría que servir para alentar un debate mayor: quiénes son los propietarios de todos los medios del país, ya sean medios independientes o paraestatales; cómo se financió su compra y quién nombró a sus directores.
No sólo eso. También es crucial saber cómo se establecen los nexos entre esos medios y las autoridades de Gobierno y si existe o no coordinación informativa. Hay infinidad de rumores y en aras de la transparencia democrática éstos deberían aclararse.
Junto con el tema de la propiedad de los medios paraestatales, otro tema altamente sensible es el de la publicidad gubernamental. Mientras diarios como Página Siete no acceden a esos avisos, que son financiados con el dinero de todos los bolivianos, otros periódicos tienen cantidades insólitas, que les ayudan a tener holgura financiera. En diciembre pasado, un estudio de alumnos de la UMSA estableció, por ejemplo, que La Razón tiene, en promedio, 17 páginas de publicidad del Gobierno cada domingo. Según estimaciones, esa cantidad incluso ha aumentado este año.
Paralelamente están las dudas sobre el uso o abuso del Servicio de Impuestos Nacionales: está claro que no se fiscaliza en igual proporción a medios independientes y oficialistas. Por otra parte, sería interesante informar sobre los antiguos procesos fiscales a medios paraestatales: éstos avanzan o se encuentran casi indefinidamente estancados.
El Gobierno actual tiene el sistema mediático afín más grande de la historia de la democracia. Ningún régimen había podido comprar, cooptar y controlar a través de la publicidad a tantos medios. Ello empobrece la democracia porque reduce los espacios de debate, quita márgenes al disenso, homogeniza los mensajes y limita la fiscalización. Si a eso se le añade la virulencia con la que reaccionan las autoridades ante la más mínima crítica y el secretismo con que manejan la información del Estado, se puede decir que el país se encamina hacia un sistema basado en el temor, que alienta la pasividad de la sociedad.

Finalmente, un apunte sobre los medios estatales. Su parcialidad, pobreza argumental y uso instrumental a favor de las políticas del Gobierno han excedido cualquier límite que se haya registrado en el pasado.