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sábado, 10 de agosto de 2013


es cuestion de principios

no es asunto para regatear (Los Tiempos. Subeditorial)

El debate sobre qué información pública puede ser clasificada como reservada en la ley de Transparencia y Acceso a la Información parecería que se ha convertido en una especie de regateo entre partes: quienes quieren declarar reserva sobre 12 temas versus quienes quieren que sólo sean cuatro.
Hay que insistir en que el problema de fondo no es ése, porque el tema no es cuantitativo sino cualitativo, y se trata de saber si se respalda o no el principio de la transparencia en la administración pública y se acepta o no el libre acceso a la información pública por y para la ciudadanía. Así de sencillo. Si se asume el principio de la transparencia y se acepta el libre acceso de la ciudadanía, la norma en cuestión no debe declarar reserva sobre ningún tema, sino establecer que para declarar, en forma excepcional, reserva sobre determinada información y por determinado tiempo, se debe promulgar una ley específica; tampoco debe otorgar esa tuición a ninguna autoridad sectorial, como se pretende introducir en el mencionado proyecto.
Las autoridades argüirán que se trata de un proceso moroso, y efectivamente lo es, precisamente porque la tendencia natural de las autoridades administrativas del Estado es hacia el secretismo cuando, se entiende, todos los negocios de la administración estatal deben ser transparentes.
Por lo señalado, bien harían los parlamentarios en sumarse democráticamente al principio de la transparencia en el manejo de los negocios públicos y blindar el derecho que tiene la ciudadanía de conocer cómo se administra el Estado.

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