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martes, 20 de agosto de 2013

un sentimiento generalizado de rechazo a la injusticia está creciendo en Santa Cruz. si jueces y fiscales no actúan con apego a la Ley podría sobrevenir una ola de indignación que podría destruír lo poco que queda de legalidad. el caso "T.Uno" y sus iniquidades son el caldo de cultivo.


Un  viceministro ha sido el responsable de dar una señal –muy tenue todavía- de que la justicia tal vez pueda actuar con independencia en relación a las graves denuncias vinculadas al exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza. Habrá que ver si no ha sido un lapsus y el anuncio no termina en desmentido, aunque el Gobierno tiene que sopesar el factor indignación que ha comenzado a fraguar en Santa Cruz producto de los atropellos, la manipulación, la persecución política y los mecanismos de extorsión que parecen estar intactos, pese a que supuestamente se había descabezado a la organización que respondía a las órdenes de tres ministerios.

Lo dicho por el funcionario llega un día después del escalofriante relato del ciudadano húngaro Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes de la masacre del hotel Las Américas ocurrida el 16 de abril de 2009. Según el testimonio, el irlandés Michael Dwyer habría salido con vida de la intervención policial en la que fue acribillado Eduardo Rózsa, pero que posteriormente fue ejecutado en el aeropuerto Viru Viru, cuando lo estaban por trasladar hacia la ciudad de La Paz.

La declaración de Tóásó es un nuevo balde de agua fría a este proceso que acumula un largo reguero de denuncias de malos procedimientos como ocultamiento de pruebas, falsedad, violación del debido proceso y otros que comprometen no solo al exfiscal, sino también a la Policía y los organismos judiciales que han intervenido en este proceso, cuya credibilidad se ha diluido por completo.

La primera prueba para corroborar que el viceministro mencionado puede estar expresando una buena voluntad del régimen, se conocerá cuando la justicia se pronuncie respecto del pedido de Soza para que la denuncia por extorsión sea radicada en La Paz, en abierta violación al principio del juez natural, ya que el supuesto delito que denuncia la senadora Carmen Eva Gonzales se habría cometido en Santa Cruz, jurisdicción donde debe ser procesado el funcionario.

El Gobierno debe dejar que la justicia actúe en función de las leyes, como debió hacerlo en estos cuatro años en los que ha predominado la distorsión con miras a que se pruebe un delito que en realidad nunca se cometió y para que la opinión pública se convenza de un supuesto intento de separatismo en Santa Cruz cuando en realidad lo que hubo fue un movimiento autonómico absolutamente transparente y no violento.

Con las declaraciones de Tóásó, que merecen una profunda investigación ya que existen muchas otras evidencias de que en el hotel Las Américas se produjo un ajusticiamiento, parece consolidarse que el verdadero delito cometido no solo el 16 de abril, sino también en la casa del cardenal Terrazas y en todos los abusos cometidos, que incluyen tortura y ejecución sumaria, se llama terrorismo de Estado, por el que deben responder altas autoridades ejecutivas que han admitido haber dado la orden a la Policía para llevar adelante ese sangriento operativo.

Insistimos, el nivel de encubrimiento y manoseo de la justicia está llegando a límites que causan indignación en personas que ya han hecho las primeras manifestaciones y que no se estrellan solo con los operadores políticos del gobierno central sino también contra los líderes regionales que no solo demuestran sumisión, sino también una rara forma de complacencia que se convierte en complicidad.
Merecen una profunda investigación ya que existen muchas otras evidencias de que en el hotel Las Américas se produjo un ajusticiamiento, parece consolidarse que el verdadero delito cometido no solo el 16 de abril, sino también en la casa del cardenal Terrazas.

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