Los bolivianos no podemos ufanarnos de haber tenido siempre la tranquilidad garantizada, menos todavía cuando la inestabilidad política se campeaba en el país y la institucionalidad iba dando tumbos año tras año. Luego, en la etapa democrática, que se inició en 1982, a los problemas de hiperinflación, escasez y agio, se sumó la persistente falta de empleo, y la inseguridad laboral se prolongó hasta estos días en que si bien ya no hay el temor al golpe o al cuartelazo, se teme a la manipulación de la justicia y a la extorsión.
Con el Gobierno del MAS nos hemos encontrado frente a nuevos gobernantes, con métodos antes desconocidos, tan intimidatorios como cualquier otro tipo de represión. Lo que sucede es que son fórmulas poco visibles para la población, porque están destinadas a amedrentar solo a un sector de la sociedad. Tal es el caso de lo acontecido con el deplorable juicio sobre terrorismo y separatismo que llevó adelante el fiscal Marcelo Soza –todavía inconcluso– y que tiene en vilo, desde hace más de cuatro años, a todo el país y en especial a Santa Cruz, la más afectada por estos acontecimientos que la justicia no atina a resolver.
Similares circunstancias han rodeado casos tan inciertos como los de El Porvenir, en Pando, a consecuencia de los cuales muchos ciudadanos debieron exilarse y el exgobernador Leopoldo Fernández fue encarcelado durante años, sin sentencia, guardando arresto domiciliario hasta el día de hoy. Otro caso parecido, donde es evidente la mano interesada del Gobierno, es la represión contra los indígenas del oriente en Chaparina, sin que hasta la fecha existan responsables y cuando el más señalado por acusaciones múltiples cumple funciones diplomáticas en Nueva York.
Nos encontramos, entonces, con que la senadora por Pando, Carmen Eva Gonzales, tiene grabaciones muy comprometedoras en contra del fiscal Soza, además de otro tipo de acusaciones, pero que la justicia no toma en consideración. En cuestión de pruebas, sucede algo parecido en el caso de El Porvenir y de Chaparina, donde se evidencia un propósito de postergar las investigaciones y a una justicia que no disimula su obediencia ante el poder central.
La innegable influencia que ejercita el Órgano Ejecutivo sobre toda la judicatura nacional es un pésimo antecedente para la democracia. Justamente eso es lo que permite la proliferación de extorsionistas, como ya se ha hecho habitual. La ley, en vez de ser una garantía ciudadana, se ha convertido en amenaza
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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