La ley número uno de democracia está dirigida a los gobernantes y a todos quienes ejercen alguna responsabilidad pública: “Cumplir y hacer cumplir las leyes”. Al presidente se le llama “Primer Mandatario”, porque justamente es el principal portador de esta orden, en otras palabras, debería ser el primer obediente de esta norma suprema.
En las democracias más fructíferas, aquellas que han permitido a gente salir de la pobreza, de la corrupción, del abuso, de la injusticia y de otros tantos males que nos aquejan, las leyes son más duras con las autoridades, pues se trata de ponerlas al servicio de la gente y sobre todo, proteger a la población de los excesos de quienes ejercen el poder.
Pero el Estado Plurinacional, siempre tan revolucionario, acaba de promulgar una ley totalmente contraria a este concepto, único capaz de construir un Estado de Derecho. La ley de empresas públicas le otorga un fuero especial a las compañías estatales, las libera de la Ley Safco de control del manejo estatal y elimina muchos elementos de fiscalización, además de que facilita la compra de bienes y la contratación de servicios públicos, lo que prácticamente elimina de cuajo el concepto de “licitación”.
La cereza sobre la torta: cualquier ejecutivo de una empresa estatal que por conciencia o por algún lapsus, informe sobre casos de corrupción o ineficiencia, podrá ir a la cárcel.
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