Pese a que el Gobierno supuestamente ha dado instrucciones para combatir los avasallamientos de tierras en Santa Cruz, hay sectores del oficialismo que se resisten a abandonar este método delictivo de hacer política y se corre el riesgo de que las cosas se queden como están, mejor dicho como ha estado sucediendo en los últimos ocho años, con un grave deterioro del aparato productivo del oriente boliviano.
Los empresarios del país están molestos no solo por la situación de los productores del agro, sino también por lo que ellos llaman el “gran cerco” institucional que les ha tendido el Gobierno para acosarlos y conseguir liquidarlos para favorecer la victoria de la economía ilegal e informal.
A pesar de que ya nadie duda de las intenciones del régimen político hacia el empresariado legal y formal, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, luce muy tranquilo y complaciente con esta estrategia. Recientemente dijo estar convencido que la falta de acciones en torno a los avasallamientos, en los que se ha comprobado la participación de agentes afines al oficialismo, no va a deteriorar las relaciones entre los empresarios del campo y el Gobierno.
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