Cuando el Gobierno promete aplicar la ley muy pocos son los que le creen, salvo claro, los “enemigos”, para quienes sí funciona perfectamente el aparato “represivo-judicial-policial-extorsivo”. Una de las pruebas más claras es la toma de tierras.
Las autoridades vienen amenazando desde hace meses con aplicar mano dura a los invasores de propiedades agrícolas y ganaderas que no solo toman posesión de los predios, sino que también roban los animales, destruyen la maquinaria y venden las cosechas. Un grupo de indígenas ayoreos acaba de inaugurar lo que parece ser una nueva modalidad de en este delito: “las tomas-express”, más o menos como lo que ocurrió en la llamada “industria de los secuestros”, que no tarda en consolidarse en Bolivia.
El hecho es que los 80 invasores en cuestión ingresaron a las tierras de una empresa algodonera ubicada en las inmediaciones de Cotoca. El propietario, que seguramente está enterado de lo que suele ocurrir con las denuncias, las autoridades que actúan de manera ambigua y con los politiqueros que están detrás de los “tomatierras”, optó por hacer inmediatamente una transacción económica y les pagó en efectivo para que se vayan del lugar. Todos felices y contentos.
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